El Parlament rechaza acatar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas

  • La moción de la CUP ha contado con el respaldo de ERC, Junts, CUP y comuns y el voto en contra de PSC, Vox, Cs y PP.
  • La cámara catalana también evita condenar las "coacciones" a la familia de Canet de Mar. 
Escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, con una pintada a favor de la escuela en catalán.
Escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, con una pintada a favor de la escuela en catalán.
EUROPA PRESS
Escuela Turó del Drac, en Canet de Mar, con una pintada a favor de la escuela en catalán.

El Parlament ha aprobado este miércoles que la Conselleria de Educación de la Generalitat asuma "la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación" de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas, después de que Tribunal Supremo haya avalado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que fijaba un 25% de castellano en las clases.

El texto aprobado forma parte de una moción de la CUP, que ha contado con el respaldo de ERC, Junts, CUP y comuns, y el voto en contra de PSC, Vox, Cs y PP; además, la Cámara ha rechazado otras dos mociones de Cs y PP que pedían que se cumpla el "mínimo obligatorio" del 25% de horas lectivas en castellano y catalán, y que se acate la sentencia del TSJC.

También se han aprobado los puntos de la moción 'cupaire' que piden que el Govern garantice que el catalán sea lengua vehicular, que se aplique la inmersión lingüística en todas las escuelas y que defienda y proteja las decisiones del Parlament en materia de modelo lingüístico, y también se ha aprobado una enmienda de los comuns para atender las demandas de los profesionales de acogida en las aulas.

La moción de Cs ha contado con una enmienda del PSC que pedía condenar "cualquier tipo de escrache, coacción, amenaza, injuria y acoso" a alumnos y familias, y en especial en el caso de Canet de Mar (Barcelona), donde una familia ha pedido que se aplique el 25% de castellano; y este punto ha contado con el apoyo de PSC, Vox, Cs y PP y el rechazo de ERC, Junts, CUP y comuns.

La socialista Esther Niubó ha llamado al Govern a abordar con todos los grupos parlamentarios la situación tras la sentencia del Supremo, que ha insistido en que "no supone ni la muerte ni el fin del catalán" en las escuelas, en las que debe seguir siendo lengua vehicular, aunque puede haber otras lenguas vehiculares, como el castellano y el inglés, según Niubó.

Mònica Palacín (ERC) ha pedido al debatir la moción de la CUP evitar "soluciones mágicas" --como dijo la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, planteara que el Govern asumiera la dirección del centro de Canet--, y ha pedido al PSC acudir a la manifestación de Somescola del sábado, tras decir a Vox que el español no existe, sino que se debe hablar de castellano, según ella.

El diputado de Junts Pep Riera ha puesto ejemplos de testimonios de personas que llegaron a Cataluña desde el resto de España y defienden la inmersión lingüística, y ha acusado a PP, Cs y Vox de actuar como "dignos herederos de los que durante siglos han perseguido la lengua catalana", y de utilizar el sistema judicial para modificar leyes aprobadas por mayorías casi unánimes, según él, en el Parlament.

Por su parte, Sergio Macián de Greef (Vox) ha augurado que "si el separatismo no señalara a los niños, miles de familias pedirían la enseñanza también en castellano", en referencia al caso de Canet, y ha sostenido que el debate lingüístico en Cataluña no va de lengua sino de identidad y de excluir el castellano.

El diputado de la CUP Carles Riera ha criticado que ha habido "carencias y negligencias en la aplicación" de la inmersión por parte de los Ejecutivos catalanes, y ha censurado que hayan acatado las sentencias sobre inmersión y hayan renunciado, a su juicio, a defender lo aprobado por el Parlament en esta materia.

La diputada de los comuns Jessica González también ha acusado a las administraciones de "relajarse" en los últimos años en la aplicación del modelo lingüístico y al Govern de una falta de actualización del mismo, tras lo que ha defendido que las políticas lingüísticas no pueden estar supeditadas al presupuesto de la Conselleria de Cultura.

El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha señalado que la sentencia del 25% de castellano "no es porque los tribunales diseñen estrategias pedagógicas, sino porque la Generalitat no cumplía" con las proporciones en las aulas, y ha pedido la reprobación del conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por enviar, según él, una carta a funcionarios para pedirles incumplir la sentencia.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha asegurado que el modelo de inmersión lingüística no es efectivo, vulnera los derechos lingüísticos de una parte de la sociedad y no ayuda a la protección del catalán, y ha defendido que esta sentencia, "aunque plantea un cambio tímido, puede acabar siendo positivo".

La cámara no condena las "coacciones" a la familia de Canet 

El pleno del Parlament también ha rechazado la moción de Cs en la que pedía condenar "las coacciones" y "las amenazas" que ha recibido la familia de un alumno de una escuela de Canet de Mar que ha solicitado la ejecución de la sentencia del 25 % en castellano en las aulas catalanas.

El punto de la moción ha contado con el apoyo de PSC, Vox, Cs y PPC y con los votos en contra del resto de partidos de la cámara, por lo que no ha prosperado.

Con esta moción, Cs también buscaba que el Parlament inste al Govern a "acatar y dar cumplimiento lealmente" a la sentencia del TSJC y retractarse "del incumplimiento doloso de la obligación de impartir clases de castellano y catalán", dos puntos que tampoco han prosperado.

La moción de Cs también pedía reprobar al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por la carta en la "animaba a desobedecer" la sentencia sobre el castellano, un punto que ha recabado sólo los apoyos de Vox, Cs y PPC, la abstención del PSC y el voto en contra del resto del Parlament.

Y también que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y Gonzàlez-Cambray pidieran perdón "públicamente" a las familias "contra las que la Generalitat ha litigado durante años", punto que tampoco ha salido adelante.

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